Lo que ocurre en Melilla no es más que pico del iceberg; rumores, puertas cerradas que comienzan a abrirse desde que la Guardia Civil comenzó a hurgar en asuntos de una turbidez que puede considerarse no menos que curiosa. Pero, ¿por qué sucede ahora? Independientemente de la casualidad que ha aunado los casos de las falsas etiquetas de caducidad con los irracionales impresos del voto por correo, el tardío esclarecimiento de este tipo de rumores procede de manos excesivamente supervisoras en el ámbito de los medios de comunicación. No es un descaro afirmar que la labor investigadora de los periodistas en ámbitos relacionados con el poder está, no censurada, pero sí francamente cohibida. Es este caciquismo informativo el que, por medio de diferentes presiones, ralentiza la Verdad de lo que ocurre en esa ciudad que tan poco importa a los Gobiernos centrales.  Si dijéramos que el mundo rota en una dirección, huelga decir que en Melilla, a veces, lo hace en sentido contrario. Exceptuando ya la imposibilidad de indagar sobre asuntos de interés público hasta que el tema trasciende a nivel nacional, ante unos comicios, el Partido Popular hace lo contrario que lo que haría cualquier otro grupo político democrático. En un mundo normal, coherente, es que sea el ciudadano (libre) el que se desplace a la oficina de Correos, solicite con su documento un sólo formulario de voto por correo, se quede con un resguardo que certifique el cumplimiento de su derecho, lo deposite en el lugar adecuado y se vuelva contento a casa con la sensación de haber cumplido fielmente con su función de ciudadano libre integrado en un aparato social de fachada legítima. En Melilla no. En Melilla, el PP está tan ‘al servicio’ de sus votantes (y los que no le votan) que, antes incluso de que comience la campaña electoral, en un arrebato de solidaridad y para “agilizar el voto” aparentemente sin intenciones, les ahorra el viaje a la oficina y, sin prestar el DNI pertinente, les solicita el impreso. No sabemos, aunque sí puede deducirse, que también los rellena y los introduce en la urna y, además, se vuelve a casa con la conciencia tan tranquila. Como si hubiera ganado ya las elecciones. Que más o menos es lo mismo. Hace unos días, Zapatero se pronunció con bastante sorna sobre el asunto, y esa media sonrisa del Presidente restó cierta confianza que tenía sobre la contundencia de respuestas en cuanto a decisiones que afectan a lo que puede ser una violación de un derecho constitucional en toda regla. Pero no es el único. Tan censurable es la ironía de ZP como escandaloso es el calificativo de “normal” que ha utilizado Ángel Acebes para justificar el argumento. UPM y PSOE van a llevar el caso a la justicia de nuevo y después de criticar las críticas que otros grupos políticos hacen de las decisiones judiciales. Lence, por muy corrupto que parezca o sea, está en la calle; el Presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, tilda el caso de “polémica absurda”, y a mí, como melillense, que se insista en la exactitud de algo meramente informativo “como cualquier papeleta” y que se frene la impresión de formularios dos horas antes del registro policial y se diga que el encargo, que tenía que ser ‘clavado al original’, era para ayudar a los votantes me parecen dos eufemismos manifiestamente vergonzosos. Rubalcaba utilizó una frase para ironizar a la ‘Operación Puerto’: “Señoría, ¿para qué cree que había bolsas de sangre en un frigorífico? ¿Para jugar a los vampiros?. Parece gracioso, pero al hilo me pregunto de forma tragicómica: Los formularios “exactamente iguales” que peticionó Lence, ¿para qué eran, para jugar a encontrar los siete errores?